El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de
hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo
internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la etapa
de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta 2014, el país ya
recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del Banco Mundial: el
Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal.
Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a avanzar por 5 años
en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor, encargada de la
ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de todas las áreas
naturales protegidas y reservas naturales mexicanas para incorporarse al
mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las comunidades, pues se
realizarán consultas y los campesinos recibirán recursos económicos. Se
prepara la usurpación de territorios más grande de todos los tiempos,
considera Red Indígena
Ciudad de México.- México cuenta con, al menos, 33.8
millones de dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer
funcionar pruebas piloto en cinco estados de la República. Los recursos,
provenientes de dos fondos multilaterales de los que el Banco Mundial
es fideicomisario, comprometen al país en la ejecución del mecanismo de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida
como Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello,
consolida el acceso al financiamiento internacional y su participación
activa en el mercado de bonos de carbono.
El gobierno federal –a través de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde
2010 en el documento rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
El último borrador que aún se discute,
fechado en noviembre de 2012, pretende ser llevado a consulta pública
en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta
2020 sobre la totalidad de las áreas forestales mexicanas, incluidas
aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
Los recursos son utilizados para el
diseño de la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en
cinco estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y
Chiapas.
Redd+ es un planteamiento de los
países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de
gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o
bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.
Se diseña frente a la crisis climática
para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del
Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo
de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.
Redd+ parte de la idea de que los
bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales
gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado
por la Convención como la principal causa del calentamiento global.
La deforestación, degradación o quema
del bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano
(CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el
mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas
forestales del mundo almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de
carbono. Si se considera el conjunto del carbono almacenado en la madera
muerta, la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el
carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
México con potencial en Redd+
En el documento que se prepara, la
Conafor califica a México como un país con potencial dentro del programa
Redd+. De la superficie total del territorio nacional (196.4 millones
de hectáreas), el 70 por ciento está cubierta por ecosistemas forestales
(138 millones de hectáreas) y el resto corresponde principalmente a
zonas con agricultura, ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento).
Aunque Sergio Graff, coordinador
general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del
Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que
no existe una evaluación nacional detallada de los diversos procesos de
degradación forestal del país y que las causas son múltiples, como la
tala ilegal, los incendios forestales o los subsidios gubernamentales
para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o
agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema ligado a la
deforestación y a la degradación está relacionado con las actividades
agropecuarias en el medio rural”.
Los bosques y selvas mexicanas se
encuentran entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de
existencias de carbono en la biomasa forestal viva. “Para 2010 se
calcularon en 2 mil 43 millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se
aspira a que en 2022 México sea un sumidero neto.
Además, con este mecanismo, las autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas oportunidades.
Para Paloma Neumann, de la Campaña de
Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse
prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya emisiones de
gases de efecto invernadero por deforestación o degradación. “Se supone
que si tienes un Área Natural Protegida ya estás conservando y se está
dando financiamiento para conservar ese bosque; ¿por qué se necesita
financiamiento para reducir emisiones en un área que se supone ya está
conservada?”.
—¿No basta con que ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
—Aunque tengan un decreto están
sujetas a presiones de actividades porque la mayor parte de la
superficie es propiedad de ejidos y comunidades y hay actividades
económicas. Esta Estrategia también coadyuva a que las actividades
económicas sean compatibles con la conservación.
Según el Convenio de Diversidad
Biológica, alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra
almacenado en las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo
efectivo y la expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir
a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones
presentes y futuras y protegiendo los sumideros actuales.
Territorios indígenas
En
México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos
indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o comunal,
indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de
México (Ceccam).
Como una conquista de la Revolución
Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país
son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
Dentro de la Estrategia se subraya que
el 26.2 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas
federales y estatales del país se encuentran en territorio de pueblos
indígenas: más de 2 millones de hectáreas.
Sin embargo, tal como lo indica el
Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con
títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni
están reconocidos sus derechos sobre los bosques.
La Organización de las Naciones Unidas
ha expresado que para el correcto funcionamiento de Redd+ es necesario
establecer una posesión clara de la tierra.
Ante este hecho, según la Red Indígena
Ambiental Internacional, Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras
de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es
el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y
las restricciones de uso de su propio territorio, aunque dependen de
este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas
distintas”.
Ejemplo de ello es el programa piloto
Redd+ que el exgobernador Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011
sobre 614 mil hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor
no forma parte de sus acciones tempranas.
Tal como lo señaló públicamente Juan
Sabines, desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades han sido
desplazadas de su territorio. En enero de 2011, durante la entrega de
recursos de Redd+, el exgobernador dijo ante los comuneros
“beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna
reserva, sólo quedaban siete.
Los pueblos en resistencia están
dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada en
1978, que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco.
Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y
paramilitar de la que son objeto.
Aunque la prueba piloto en Chiapas fue
presentada como un caso de “éxito”, el 8 de julio pasado Isaí López dio
cuenta en una nota de prensa en El Heraldo de Chiapas de la
suspensión del proyecto del exgobernador Sabines. “Fue un fracaso. Esa
estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se
anunciaron”, dijo Carlos Morales Vázquez, secretario del Medio Ambiente e
Historia Natural de la recién llegada administración.
Consulta Pública
Las salvaguardas ambientales y
sociales son parte de los principios adoptados por México. Provienen de
los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC. Entre otros, establecen el
cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades rurales e indígenas en todos aquellos aspectos de Redd+ que
incidan o puedan afectar sus territorios, bienes, derechos individuales o
colectivos.
Aunque la Estrategia incluye esta
salvaguarda, Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, AC, apunta que éste es uno de los temas
críticos de la Estrategia.
“Nuestro principal señalamiento es el
vacío que hay con relación con el enfoque de derechos humanos y derechos
de pueblos indígenas. No estamos en contra de que se recojan las
salvaguardas, pero el instrumento normativo de protección a los derechos
de las personas afectadas por Redd+, sobre todo a los pueblos
indígenas, deben ser los derechos humanos, y las salvaguardas deben ser
una normativa complementaria”.
Explica
el investigador que el derecho al consentimiento que recupera la
Estrategia es limitado y por tanto no es verdadero, porque no reconoce
el derecho al veto. “Un derecho al consentimiento que no tienen derecho
al veto es un falso derecho al consentimiento”.
Frente a ello, el Grupo de Trabajo del
Protocolo de Consulta –conformado por Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, AC; Organización de Ejidos Productores Forestales de la
Zona Maya, SC; Red Indígena de Turismo de México, AC; Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales, AC; y Sakbe, Comunicación y
Defensa para el Cambio, AC– elaboró, dentro del Consejo Técnico
Consultivo, un Protocolo de Consulta y Participación para la Estrategia
Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus.
Remarca el investigador que la necesidad de hacer el Protocolo surgió de la falta de una ley de consulta de pueblos indígenas.
No obstante, el documento no tiene
carácter vinculante. “Aún cuando se construyó participativamente y en el
marco de la institucionalidad, no se puede decir que tenga una fuerza
obligatoria para las autoridades. No es una ley de consulta ni un
reglamento”.
Expresa Edmundo del Pozo que una de
las preocupaciones es que dentro del documento rector no se retomen los
insumos que se colocaron dentro del Protocolo, “no aparece la obligación
de consulta del Estado a los pueblos y comunidades indígenas”.
Cuestionado al respecto, Sergio Graff
asegura que no hay necesidad de incorporar el tema a la Estrategia
Nacional, porque lo único que marcará ésta son los lineamientos
generales. “No sé por qué tiene que ser vinculante. La consulta es una
obligación”. Agrega que “las organizaciones hicieron una propuesta de
protocolo que la autoridad está considerando”.
—¿Ustedes tienen contemplado el derecho de los pueblos al consentimiento?
—Claro. Sí. La Estrategia va a
contemplar que cualquier acción ligada a un mecanismo Redd+ deberá tener
consentimiento previo, libre e informado. No va a haber ninguna acción
en la que no esté de acuerdo el dueño. Si en una comunidad indígena se
quiere implementar [sic] una acción Redd+ tendrá que buscarse el
consentimiento de la comunidad antes de hacerlo.
—¿Con el derecho de veto?
—En su comunidad sí, por supuesto. Lo que no pueden hacer es vetar una Estrategia Nacional, nadie.
—Localmente sí…
—Claro. Si la comunidad no quiere que
haya un incentivo adecuado para que maneje sus bosques o no quiere un
apoyo para fortalecer su organización, un apoyo para desarrollar
proyectos integrales; si la comunidad no quiere, puede vetar la acción.
Pero lo que busca la Estrategia es que todos los programas públicos
tengan un mejor impacto a favor de la comunidad y de sus recursos. Yo no
creo que nadie quiera oponerse a eso.
—Pero habría que preguntarles…
—Claro. Al momento que uno quiera entrar a su comunidad se les tiene que preguntar. Por supuesto.
Octavio Rosas Landa, catedrático en la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México e
integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, recalca que
los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y protegidos
a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora, frente a la
crisis financiera y ambiental de escala global, ésta última pretende ser
paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el
problema.
“¿Por qué presionar a los campesinos y
ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes
más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no
aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento
global?”, pregunta.
Acciones tempranas
Como parte del proceso de preparación
para la próxima aplicación de la Estrategia, se han puesto a prueba
acciones tempranas en el país que servirán de ejemplo para la
construcción y posterior aplicación de la Estrategia Nacional.
Una de ellas es en la región de las
Cuencas Costeras de Jalisco, donde se contabilizan 10 áreas naturales
protegidas, además de ser zona prioritaria para la conservación del
jaguar y una de las de mayor importancia para la conservación de aves
migratorias de América del Norte.
Otra de las acciones se realiza en el
Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye a Campeche: zona de
influencia de Calakmul; Yucatán: Sierrita de Ticul; y Quintana Roo:
municipios de Bacalar, José María Morelos, Othón P Blanco y Felipe
Carrillo Puerto.
Y por último, acciones tempranas en 5
millones de hectáreas que abarcan 57 municipios del estado de Chiapas,
así como 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la
Selva Lacandona.
Además, de acuerdo con Sergio Graff,
se espera próximamente iniciar proyectos piloto Redd+ en el Estado de
México y en Oaxaca, aunque aún no se define la zona.
Sobre los resultados, Graff no tiene
noción. “Es un proceso que apenas acaba de empezar, pero por ejemplo en
el caso de la [Selva] Lacandona se ha tenido un impacto positivo
reduciendo la deforestación. En algunos lugares se registran tasas de 7
por ciento anual y ha bajado a menos de 1 [por ciento]”.
—¿Cuántas de estas acciones han implicado la venta de bonos de carbono? –se le pregunta.
—No. Ninguna. Como está en un proceso
de preparación, los mecanismos todavía no están definidos en los
acuerdos internacionales. Nada más se trabaja a través de recursos que
se asignan a estos programas.
El mercado de carbono
De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Redd+ es un instrumento de la economía verde
y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a
partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.
A partir de que se determinó en el
Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes
que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se
les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases
en países en vías de desarrollo.
De este modo, las empresas que
necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos
(certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad
determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar,
mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la
degradación y la tala.
Al no obligar a las empresas
contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es
objeto de la oposición de organizaciones como Vía Campesina, Red
Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales.
La Estrategia Nacional no impide ni
acota la venta de bonos de carbono, expone abiertamente que el mercado
voluntario puede representar una fuente complementaria de
financiamiento.
Aunque Sergio Graff aclara que en la
Estrategia la venta de bonos de carbono es una posibilidad, dependerá de
cómo se establezca el mecanismo a nivel internacional. “Todavía no se
sabe si va a haber un mercado de carbono por reducción de emisiones,
pero lo que sí es que va a haber transferencias económicas teniendo
resultados de disminución de emisiones de carbono”.
Financiamiento
La Estrategia Redd+ posibilita el
financiamiento de fuentes públicas, privadas, nacionales e
internacionales. Así como el uso de fideicomisos para hacer factible la
movilización de recursos basados en resultados climáticos y la
distribución de beneficios y estímulos a los dueños de terrenos
forestales, comunidades indígenas y rurales.
En la Visión de México en REDD+,
el documento que antecedió al borrador de la Estrategia, se lee: “Los
fideicomisos nacionales, regionales o locales jugarán un papel como
operadores protagónicos que tendrían la capacidad de administrar y
desembolsar de manera eficiente y oportuna los fondos para promover
Redd+ y dar seguimiento y evaluar el ejercicio de presupuestos con
transparencia, a partir de esquemas confiables de monitoreo y
verificación”.
Y agrega: “los fideicomisos podrían
ser públicos, privados o mixtos y mantenerse desde fondos
multilaterales, mercados de carbono –en su momento– u otros recursos
fiscales etiquetados que acogerían la participación de gobiernos,
empresas, propietarios de tierras (ejidos, comunidades, individuos,
empresas), organizaciones de la sociedad civil e intermediarios
financieros, entre otros”.
En los Acuerdos de Cancún los países
desarrollados adoptaron formalmente el compromiso de proveer
“financiamiento de inicio rápido” a los países en desarrollo durante el
periodo 2010-2012 para acciones de mitigación (incluyendo Redd+),
adaptación, desarrollo y transferencia de tecnología y creación de
capacidades, previamente mencionado en el Acuerdo de Copenhague, donde
se comprometieron a movilizar recursos para 2020 y cubrir las
necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones de
mitigación significativas y de transparencia en su ejecución. Estos
fondos pueden provenir de fuentes públicas, privadas, bilaterales,
multilaterales y alternativas.
En el caso de México, la Ley General
de Cambio Climático instruye la creación del Fondo para el Cambio
Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros
públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar acciones
que enfrenten el cambio climático.
La Estrategia plantea que parte del
presupuesto del fondo se habrá de constituir con los recursos derivados
de su actividad en el mercado de bonos de carbono.
Refiere Sergio Graff que, hasta ahora,
México cuenta con 33.8 millones de dólares para las etapas preparativas
de Redd+; de éstos, 3.8 millones se derivan del Forest Carbon
Partnership Facility: “Apenas se va a firmar el apoyo para preparación;
son 3.8 millones de dólares que se utilizan para la elaboración de la
Estrategia, pero sobre todo para la consulta”; y un “donativo” de 30
millones de dólares para ejercerse en 5 años del Programa de Inversión
Forestal, destinados a programas especiales en las acciones tempranas de
Redd+.
“No es mucho dinero pero sirve para
hacer los trabajos de innovación. Ese dinero está en un fondo
internacional y conforme se van aplicando los recursos, México tiene
reembolsos; no se los entregan todos al país”, aclara el funcionario.
Según se lee en la Estrategia, el
financiamiento para las acciones tempranas en Jalisco conjuntará
recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la
Unión Europea a través del proyecto de Facilidad para la Inversión en
Latinoamérica (LAIF, por su sigla en inglés), del gobierno de Jalisco y
de la Conafor.
Además, se cuenta con tres
fideicomisos donde es posible recibir recursos públicos del gobierno
federal, estatal, de organismos de la sociedad civil y organismos
privados.
En la Península de Yucatán, señala la
Estrategia Nacional Redd+, habrá financiamiento de la Unión Europea
proveniente del LAIF a través de una acción conjunta con la AFD, la
AECID y la Conafor, para la construcción de mecanismos de gobernanza a
nivel local; financiamiento de los gobiernos de los estados de Yucatán,
Campeche y Quintana Roo, así como de Conabio, The Nature Conservancy, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conafor a través
del ProÁrbol y los lineamientos del Programa Especial para la
Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos
Forestales de la Península de Yucatán.
En Chiapas, a partir de 2010, la
Conafor promueve el Programa Especial para la Conservación, Restauración
y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, que integra las
modalidades de apoyo económico en agroecología, regeneración de selvas,
restauración de riveras y arroyos, reforestación diversificada, pago por
servicios ambientales, estudios forestales y silvicultura comunitaria.
Mediciones y verificación
Para monitorear, medir y evaluar el
desempeño de Redd+, México habrá de desarrollar un sistema verificable
de medición y reporte en el que deberá establecer la cantidad de
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero para una región
dada y para un periodo determinado (niveles de referencia). Su
definición será apoyada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques del Banco Mundial y por Noruega.
El sistema de monitoreo mexicano
deberá ser de bajo costo. “Mientras más costoso sea, más oneroso será
para el país desarrollar un mecanismo de Redd+ y menores los beneficios
que se obtendrán”, apuntan las autoridades en Visión de México sobre Redd+. Hacia una estrategia nacional.
De acuerdo con el mismo documento,
México ha participado activamente en las principales iniciativas
multilaterales relacionadas con mediciones y verificación para Redd+,
incluidos el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y la
iniciativa de rastreo de carbono forestal del Grupo de Observación de la
Tierra. Asimismo, el país ha desarrollado trabajos bilaterales con
Canadá sobre el modelo de contabilidad del carbono; con Alemania, para
el uso de tecnologías de radar, y con Estados Unidos y Finlandia, para
fortalecer el inventario forestal.
*Fuente: Contralínea 346 / julio 2013
Ciudad de México.- Las tarjetas de crédito son el producto financiero
más importante en el país. Existen actualmente más de 150 opciones disponibles
en el mercado y se estima que haya más de 27 millones de tarjetas activas. Sin
embargo, son pocos los mexicanos que hacen un esfuerzo detallado al momento de
elegir una tarjeta, muchas veces sin haber comparado ni siquiera las opciones
que hay en el mercado. Resuelve tu Deuda, la primera reparadora de crédito que
se estableció en México, te indica cómo identificar opciones que se adecuen a
tus necesidades y estilo de vida. 
